Juicios Orales

JUICIOS ORALES. UN SUEÑO DE LARGO PLAZO

Rogelio Martínez Vera

Las autoridades gubernamentales federales han realizado todo tipo de esfuerzos, tanto legislativos, como administrativos y jurisdiccionales, para que nuestro país entre en un proceso de oralidad en los juicios.  Algunas entidades federativas igualmente, en la medida de sus capacidades y posibilidades económicas, han secundado este esfuerzo. Contrariamente a lo que se dice en la triunfalista propaganda gubernamental, la instalación de este sistema oral lleva un atraso muy grande. En algunos partidos judiciales de las diferentes entidades de la Republica, los juicios orales en materia penal, que son en los que más esfuerzos se han realizado, tanto desde el punto de vista económico como como profesional, la situación luce inacabada, con mucho todavía por hacer. En el caso de los juicios civiles y mercantiles, la situación prácticamente es de cero avance. Existen numerosas entidades del país en las que prácticamente no se ha hecho nada para cambiar del sistema escrito al oral en los juicios anteriormente mencionados.

Sin duda alguna, la razón fundamental por la cual este sistema luce aún un atraso considerable, es la falta de Presupuesto para hacer el enorme gasto que representa la instalación del sistema oral en los citados juicios.

Existe otra causa, quizá más poderosa para cambiar del sistema escrito al oral en todos estos juicios y esta poderosa causa es: la apoyada en los casi QUINIENTOS AÑOS en los que hemos vivido bajo un sistema procesal escrito para todo tipo de juicios. A lo largo de estos años, México construyó lentamente toda una infraestructura: Política, jurídica, administrativa, académica y funcional, para regirnos por un sistema judicial y procesal escrito y ahora, tratar de cambiar todo este modelo en las leyes, en los procesos y procedimientos, en la formación de los jueces, ministerios públicos, policías, abogados litigantes, escuelas profesionales de derecho y en todos los demás aspectos que rodean a los litigios, pues habrá que esperar un largo tiempo para revertir esta situación.

El Gobierno Federal dio un plazo que venció en junio de 2016 para que el sistema penal oral se aplicara en todos los tribunales del país. Pues ese plazo por ejemplo, lo tendrá que ampliar para el 2026 y luego, para el 2036 y así sucesivamente, hasta ver si efectivamente puede conseguir totalmente su propósito. En efecto, en casi todas las entidades federativas se repite, existe un atraso muy grande en cuanto a la instalación de salas de juicios orales. No hay recursos económicos suficientes para instalarlas. Esas salas requieren de equipo de cómputo, de video, de circuitos cerrados de televisión y otros muchos requerimientos electrónicos, así como un alto presupuesto para su mantenimiento y sobre todo, actualización.  Además, se deben capacitar a los profesionales (jueces, secretarios y personal administrativo de apoyo) que van a participar en los juicios y procedimientos orales. De la misma manera, en todas las escuelas de derecho del país, deben formarse otro tipo de abogados que sean capaces de llevar y sostener las diligencias de un juicio oral. Todo esto, no se puede lograr en el corto plazo.

Ustedes se preguntarán queridos lectores: ¿Cómo está la situación de los juicios orales en entidades federativas como Chiapas, Oaxaca, Guerrero o Michoacán?  La respuesta creo que es obvia.  En estas entidades, como en tantas otras de la República, los juzgados penales y civiles carecen aún en este momento, de computadoras suficientes y en buen estado para los empleados que ahí laboran y desde luego, de una fotocopiadora para uso del propio juzgado y de los litigantes que ahí concurren. Los expedientes se cosen manualmente, por medio de un punzón y un cordel que se atraviesa en los documentos que se van agregando. Los expedientes se encuentran apilados en cajas de cartón o en el suelo, puesto que no hay presupuesto para comprar siquiera anaqueles para colocarlos. Los escritorios y las sillas de los empleados se encuentran en condiciones lamentables, porque es frecuente que este mobiliario tenga diez, veinte, treinta o más años de un uso intenso.

Para cambiar de un sistema escrito a uno oral, se tiene necesidad de reubicar y en algunos casos, despedir a una gran parte del personal de los juzgados penales y civiles, así como de las agencias investigadoras del ministerio público. Van a sobrar empleados, puesto que las computadoras y los sistemas electrónicos harán una gran parte de su trabajo. En las escuelas de derecho existen casi exclusivamente maestros abogados educados y con práctica a veces muy larga, en materia de procesos escritos. Habrá que modificar la mente de esos profesores, mediante cursos intensivos de capacitación y la pregunta obligada es: ¿Aceptarán estos profesores tradicionales un cambio de mentalidad profesional?

Por otra parte, y suponiendo sin conceder, como se dice en el argot legal, que algún día se venzan las grandes dificultades económicas, técnicas, políticas, académicas y administrativas para cambiar del sistema escrito al oral en los juicios penales, civiles y mercantiles. ¿Qué va a pasar con las siguientes instancias de un juicio? Hasta la fecha el procedimiento de amparo, que es un juicio diferente al penal, civil o mercantil: es ESCRITO y creo que así seguirá por mucho tiempo; lo mismo acontece con las intervenciones de la Corte en numerosos litigios, cuando de acuerdo con su competencia deba intervenir. Ahí, el procedimiento seguirá también, siendo escrito.  Igualmente, en los juicios laborales, agrarios, fiscales y administrativos, la oralidad es una materia totalmente ajena a ellos. Todos sus procedimientos SON ESCRITOS.

En consecuencia, el procedimiento oral se encuentra en nuestro país, todavía en sus albores y deberá pasar mucho tiempo para que el sistema jurídico mexicano se instale plenamente en la oralidad, si es que así lo desean nuestros “padres de la Patria”.

Sería ya urgente que las escuelas de derecho preparen sus planes y programas dedicados  a formar dos tipos de abogados: unos, para los juicios orales y otros, para los juicios escritos. O mejor aún, y creo que este sería el camino más corto: Para aprovechar la “coyuntura”, estas escuelas deberán en lo sucesivo pensar en formar abogados especializados exclusivamente en materia penal, civil, mercantil, laboral, agraria, fiscal,  administrativa, financiera y en otras diferentes especialidades, contando para ello, con profesores avezados en ellas, como sucede por ejemplo, en las escuelas estadounidenses de derecho. ¿No creen?

Esto limitaría grandemente y de manera beneficiosa, el ingreso de un estudiante a la carrera de derecho, puesto que se acabarían los abogados “todólogos”, los que por igual atienden un juicio civil, que uno penal o mercantil, agrario o laboral o interponen amparos, tramitan pasaportes, licencias y hasta llevan asuntos de comercio exterior, de propiedad intelectual, de inversiones financieras o de cualquier otro tipo, No niegan sus servicios, si de ganar dinero se trata. Aquí la licencia o cédula profesional expresará cuál es su especialidad y se les negará su participación en otros asuntos legales fuera de su especialidad o hasta se les podría multar o cancelar su cédula en caso de hacerlo. Esto sería materia de una gran ganancia para la ciudadanía y se acabaría con la improvisación y la corrupción profesional en el campo del derecho.

En consecuencia, el sistema oral, tiene aún mucho camino por recorrer y creo que el gobierno de la República se está “colocando una medalla” de manera incorrecta, puesto que falta mucho, pero mucho tramo para llegar a la meta en materia de oralidad en los procedimientos judiciales, si es que antes no nos “rajamos” y volvemos al sistema escrito. Hay posibilidades para la toma de esta decisión sobre todo, si caemos en manos de un presidente “costumbrista” y tradicional, que quiera que todo sea como antes, que todos sabemos quién es, pero no digo su nombre.

Desde luego como siempre queridos lectores, ustedes tienen sobre este tema, la mejor opinión.